SIN CONTROL NO HAY DEMOCRACIA

* Por Horacio Minotti

"La democracia de aquí en mas, no puede florecer si no integra en su definición sus riesgos de mal funcionamiento y no prevé entre sus instituciones, el medio para criticarse a sí misma" (Pierre Rosanvallon-La Contrademocracia).

“La estrategia democrática podría no ser aquella de la democratización sustancial e indiferenciada de todas las instituciones, todas las estructuras…Podría consistir más bien, en la multiplicación y potenciación de los instrumentos de control sobre las instituciones, los frenos a los comportamientos desviados…” (Gianfranco Pasquino – La Democracia Exigente).

La mención que hizo la presidente Cristina Fernández a la ausencia de objeciones por parte de los organismos de control a las concesiones ferroviarias, especialmente a la Auditoría General de la Nación (AGN), dispara una reflexión que va mucho más allá de un circunstancial dictamen, y que está relacionada con el real funcionamiento de una democracia moderna. Las republicas democráticas establecen la legitimidad de la autoridad estatal sobre dos bases: 1) una evolución dinámica del sistema representativo, justamente para legitimar al funcionario estatal (especialmente el electo), y 2) el desarrollo y profundización constante de un sistema de autocontrol estatal que satisfaga la desconfianza social sobre el sistema y sus protagonistas.

La evolución del sistema representativo tiene un límite: resulta imposible arbitrar mecanismos de democracia directa "a la ateniense", por la cantidad de población entre otros cientos de razones. Por ende la profundización democrática se desarrolla en todas las latitudes, hacia más cantidad y mayor calidad de mecanismos de autocontrol estatal.

En la Argentina, esa tendencia se materializó en la Constitución de 1994 cuando se le otorgó ese rango a la Auditoria General de la Nación (AGN) que es el órgano por excelencia de control ex post facto de los actos de la administración. Lo completan la SIGEN, la OA, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y un complejo entramado de auditores internos que se desempeñan en cada repartición pública.

Sin embargo, por su rango constitucional, la Auditoría es el órgano de control máximo. El artículo 85 de la Ley Superior establece que la presidencia de la AGN estará en poder del primer partido de oposición legislativa. No puede entenderse otro espíritu en el Constituyente que el de otorgarle a la oposición el manejo de este organismo. Nadie podría creer que existió un nacimiento contranatura de la AGN y que quien diseñó la norma intentó darle el control al mismo oficialismo que se debía controlar, con lo cual no habría control.

Pero la ley de Administración Financiera, que rige a la AGN, desnaturalizó el espíritu de la Carta Magna, estableciendo un mecanismo para la selección de los auditores, que permite que los oficialismos controlen a la AGN y por ende, controlen su propio control. Es así como, tratándose de un colegio de auditores generales de siete miembros, primero Carlos Menem y luego el kirchnerismo, han contado con el favor de cuatro auditores en cada caso.

Si bien la presidencia fue para la oposición, la misma no implica más que un cargo simbólico, las decisiones de la AGN se toman por mayoría en un colegio de siete. Quien controla cuatro auditores controla la auditoría, es decir que controla el control.

Es así que en democracias de baja intensidad como la nuestra, se crean organismos de control fácilmente tergiversables en su función a efectos de pretender controles que en realidad no existen, porque controladores y controlados son en la realidad política práctica, empleados y jefes unos de otros.

Esto claramente menoscaba la calidad democrática y genera un evidente desinterés social por los controles habida cuenta de que jamás resultan efectivos. En este inteligencia es que, intuitivamente la sociedad percibe que no existen elementos reales que le permitan ser partícipe de la toma de decisiones de los asuntos públicos y que no existe un control real de actos de gobierno.

Debemos avanzar hacia un mejor diseño de los organismos de control a efectos de minimizar la corrupción estatal y los daños que ocurren producto de la misma y que repercuten indirectamente en la vida de todos. La disminución en los niveles de corruptela, es directamente proporcional a la caída de los índices de pobreza, indigencia, falta de vivienda, estructura sanitaria, educación, etc.